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Mientras prosigue en Indonesia la reunión ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), activistas les reclaman especificar que los
recursos hídricos no pueden tratarse como productos básicos.
Quienes critican las privatizaciones y la “financiarización” de los
recursos naturales señalan el creciente interés de los inversores
multinacionales en comercializar los recursos hídricos comunes. Este
cambio pueda tener efectos particularmente dañinos en las comunidades
pobres y marginadas.
Aunque en 2010 el derecho universal al agua (y al saneamiento) se
consagró en pactos internacionales, los acuerdos de comercio todavía no
han tomado nota, un vacío que se vuelve cada vez más peligroso para
algunos especialistas”.
“La financiarización y la privatización del agua ya es en gran medida
un objetivo a largo plazo de importantes inversores y empresas
multinacionales”, dijo William Waren, analista en políticas comerciales
de la oficina estadounidense de Amigos de la Tierra, en diálogo con IPS.
“Estas entidades apuestan a que el agua se comercie y distribuya de
un modo muy parecido al petróleo. Ellos saben que el calentamiento
global volverá cada vez más escasos los recursos hídricos, así que
quieren apoderarse de ellos y terminar vendiéndolos al precio que
piden”, sostuvo.
Waren mencionó a Suez Environment, el gigante francés del agua, y a T
Boone Pickens, el magnate estadounidense del petróleo que se pasó al
sector de las energías alternativas. Pero, más allá de dónde se ubiquen
estos inversores, su objetivo es trasnacional.
En coincidencia con la conferencia ministerial de OMC, que se lleva a
cabo desde el martes 3 hasta este viernes 6 en Bali, Indonesia, Amigos
de la Tierra Internacional presentó una serie de estudios sobre las experiencias de una decena de países en la financiarización de recursos hídricos.
El informe plantea que una confluencia de instituciones financieras y
corporaciones internacionales están “pavimentando el camino” para este
proceso.
Esas grupos están recibiendo un apoyo clave de los acuerdos
comerciales internacionales, tanto por las vaguedades de los que ya
existen como por estrategias explícitas en otros que se están
negociando, encabezados en particular por Estados Unidos.
Se trata de “fuerzas motrices de la desregulación y la liberalización
que abrieron los sectores del agua y el saneamiento al lucro
corporativo, y que son componentes básicos de la arquitectura de la
impunidad que lo protege”, señala el informe.
“Entre ellos se destacan las nuevas modalidades, cada vez menos
transparentes y menos democráticas, de asociaciones transoceánicas
lideradas por Estados Unidos… y la agenda de la OMC sobre servicios
ambientales”, agrega.
Viejos bienes públicos
En este debate es clave el pacto firmado hace más de medio siglo,
predecesor de la actual OMC que se creó en 1995, conocido como Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).
Las disposiciones del GATT siguen rigiendo las políticas de comercio
de bienes materiales, si bien ni en este ni la OMC han definido
claramente qué constituye un “bien” ni si el agua lo es.
“El punto de vista tradicional en el derecho internacional es que el
agua es un bien público, así que ya en 1948 no había ninguna
consideración sobre lo que las grandes corporaciones contemplan hoy: el
control completo del sistema, desde el pozo hasta el grifo”, planteó.
“Así que necesitamos asegurarnos de que los nuevos acuerdos
comerciales ofrezcan garantías específicas de que el agua es parte de
los bienes públicos, que no es una mercadería ni un producto”, añadió.
El debate de la OMC sobre el comercio de servicios continúa, mientras
los países ofrecen sus propios compromisos. Hasta ahora ningún país
asumió compromisos sustanciales en relación al abastecimiento doméstico
de agua.
Los debates de esta semana
en Bali aparecen como la última posibilidad de que la OMC llegue a un
acuerdo multilateral, pues la actual Ronda de Doha, iniciada en la
capital de Qatar en 2001, acumula más de una década de frustraciones.
Las energías liberalizadoras han virado mientras tanto a negociaciones multilaterales y bilaterales y a acuerdos de inversión.
Dos de los mayores están actualmente en negociación, ambos
están liderados por Washington: el Acuerdo de Asociación Transpacífico,
de 12 países, y un área de libre comercio entre Estados Unidos y la
Unión Europea. Si se concretan, abarcarán la mayor parte de la economía
mundial.
Pero estos pactos comerciales también conllevan estrictos requisitos
que favorecen a las empresas, y mecanismos cuasi judiciales de
implementación que sitúan a los inversores al mismo nivel que los
Estados soberanos.
Si bien la Organización de las Naciones Unidas estableció en 2010 el
derecho universal al agua, los tribunales que entienden en disputas en
el marco de acuerdos de inversiones no suelen reconocer el derecho
humanitario internacional. Por eso es importante que la OMC se pronuncie
explícitamente en el debate sobre el agua como mercancía comerciable.
Un tercio más caro
Es paradójico que la puja hacia una mayor financiarización del agua
la encabece Estados Unidos, cuya experiencia en la privatización de las
empresas públicas de agua ha sido notoriamente negativa.
La mayor empresa privada de agua de este país, American Water, fue
antes propiedad de una compañía alemana, que se retiró en gran medida
por la resistencia social a que capitales privados y extranjeros fueran
dueños de los recursos hídricos.
“Claramente ha habido resistencia a la propiedad privada”, dijo a IPS
la investigadora Mary Grant, de Food & Water Watch (FWW). “Las
comunidades dejaron en claro que quieren propiedad local, a fin de
controlar la calidad del servicio y las tarifas”.
Estudios de FWW concluyeron que empresas de servicios públicos que
son propiedad de inversores en decenas de estados estadounidenses cobran
un tercio más que las estatales.
Los sistemas con fines de lucro
también presentan problemas cuando se necesita extender el servicio,
pues las empresas son reticentes a ampliar la cobertura a zonas pobres o
comunidades muy pequeñas.
“La experiencia de Estados Unidos muestra que la privatización del
agua ha sido un fracaso”, dijo Grant. “No ha generado mejores servicios,
pese a la suba de precios, y a menudo fueron peores. La provisión
local y pública es la manera más responsable de garantizar que todos
tengan acceso a agua limpia y barata”.
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